Según las mismas fuentes, Castresana no se opone a la venta de dichos terrenos, a la vista de las circunstancias y las condiciones descritas por el interventor del Atlético de Madrid, Luis Romassanta Marquínez.

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, Romassanta ha solicitado permiso para vender dichos terrenos, alegando que, aunque el Atlético de Madrid finalizó el ejercicio económico 199-2000 con un beneficio, antes de impuestos, de 598 millones de pesetas, lo cierto es que, "en términos de tesorería, se ha registrado un desequilibrio que impide hacer frente, con los recursos de liquidez y remanente actuales, a los pagos inmimentes".

Ambas parcelas, una de las cuales se ofreció como aval para hacer frente a una deuda que el Atlético de Madrid tiene con Hacienda por valor de unos 500 millones de pesetas, cuentan con una extensión de unos 3.743 metros cuadrados cada una y están valorads en cerca de 1.700 millones de pesetas.

Según el escrito del interventor, con el dinero que se obtendría con la venta de ambas parcelas, los responsables del Atlético de Madrid liquidarían la deuda con el erario público y emplearían el resto, unos 1.300 millones de pesetas, en hacer frente a los pagos corrientes del club rojiblanco, así como para equilibrar la tesorería de la entidad.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atltico de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios.

El magistrado Juan del Olmo, en sustitución de Manuel García-Castellón, en situación de servicios especiales, instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido n presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.