Sierra declarará en relación a la querella presentada l pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil, así como contra otras seis personas más, a quienes acusa de un presunto delito de estafa de más de 4.000 millones de pesetas.

Su citación se produce tras la declaración de tres testigos que ayer comparecieron ante el juez instructor: Milagros Morcillo, asesora jurídica del club; Luis Fernando Abad, ex gerente del Atlético de Madrid, y José Julio Carrascosa, ex director geneal de la entidad deportiva.

Los tres testigos señalaron ayer ante el juez que José Luis Sierra redactó al menos una de las dos escrituras en las que se reconoce una deuda a favor de Jesús Gil y en las que se constitye un derecho de prenda sobre los jugadores del club rojiblanco.

Asimismo, señalaron que la dirección jurídica fundamental del Atlético de Madrid estaba en manos de José Luis Sierra y de Clemente Villaverde, actual gerente del club, y que por encima de ellos se encontraba el también alalde de Marbella.

Las declaraciones continuarán el próximo viernes, 1 de octubre, día en que García Castellón tomará declaración como testigos a Enrique Sánchez de León, directivo del Atlético de Madrid en la época de Vicente Calderón, y a Jesús Samper Vidal, ex secretario general de la Liga de Fútbol Profesional.

Todos ellos deben declarar en relación a la querella presentada en la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción. Entre los acusados por este departamento se encuentran, además dl propio alcalde de Marbella, el hijo de éste, Miguel Angel Gil Marín; el ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román; y así como Enrique Cerezo, socio mayoritario junto a Jesús Gil del Atlético de Madrid Sociedad Deportiva Anónima.

3100 SOCIOS AFECTADOS

Según fuentes jurídicas, el número de afectados por la estafa presuntamente cometida por Gil y las otras seis personas denunciadas ascienden a más de 3.100 socios del Atlético de Madrid.

En la querella se denuncia la "grave defraudación de ms de 4.000 millones de pesetas que ha producido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional". Asimismo, continúa el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, la presunta estafa "ha causado un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas físicas y jurídicas en un número muy importante".

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala también que "el hecho que se denuncia es un acto de disposición mediante engaño, determinante de un presunto delito de estafay cuya comisión ha tenido lugar en Madrid".