El Pleno del CGPJ deberá pronunciarse sobre la propuesta elevada por la Comisión Disciplinaria, que la semana pasada propuso que Pilar Ramírez sea, como mínimo, suspendida de sus funciones durante un año. También señaló que debe ser expulsada de la crrera judicial.

La primera falta muy grave por la que la Comisión Disciplinaria cree que Pilar Ramírez debe ser sancionada con la separación de la carrera judicial consiste en no haberse abstenido en asuntos judiciales relacionados con su familia.

La otra falta, para la que la Comisión Disciplinaria solicita que Pilar Ramírez sea suspendida de sus funciones jurisdiccionales durante un año, consiste en no haber advertido al Poder Judicial de la incompatibilidad para ejercer en Marbella, algo a lo ue estaba obligada al residir allí familiares suyos con intereses económicos en la zona y tratarse de una ciudad con menos de 100.000 habitantes.

El pasado mes de julio, la Comisión Disciplinaria decidió suspender cautelarmente en sus funciones a Pilar Ramírez por un máximo de seis meses, después de abrirle un expediente por las dos faltas antes descritas, hasta que el juez nombrado para tal fin concluyese la investigación sobre los hechos denunciados ante el CGPJ.

Durante su investigación, el juz instructor nombrado por el CGPJ, Juan Ruiz Rico, descubrió la existencia de otras sociedades vinculadas a la familia de Pilar Ramírez, que trasladaron su domicilio a Estepona, si bien continuaban centrando la mayoría de sus actividades mercantiles en Marbella.

Ruiz Rico solicitó en su informe que Pilar Ramírez fuera castigada exactamente con las mismas sanciones que propuso la semana pasada la Comisión Disciplinaria del CGPJ y que mañana serán estudiadas por el Pleno del máximo órgano de gobierno delos jueces y magistrados.

Las actuaciones del CGPJ contra Pilar Ramírez se iniciaron a petición del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien presentó una denuncia en la que relacionaba a la familia de la juez con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, y a éste con la mafia italiana.

Esta denuncia de Jiménez Villarejo, quien acusaba a la juez Ramírez de falta de imparcialidad y de enemistad manifiesta, fue presentada después de que la magistrada dictase una resolución afirmando que l juez instructor del "caso Gil", Santiago Torres, había incumplido las normas de reparto de las causas judiciales.

Con esa resolución, la juez decana dió la razón a Jesús Gil, para quien Santiago Torres y el fiscal Anticorrupción del caso, Carlos Castresana, habían diseñado una "actuación combiinada" para investigar la causa, en lugar de enviarlo a reparto, como correspondía.