De esta manera, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazan el recurso presentado por la defensa de Jesús Gil contra el auto por el que el juzgado central de instrucción número 6 decretó la libertad provisional.

La Sala argumenta que la libertad provisional bajo fianza es una edida cautelar que sirve para evitar que los imputados se fuguen, interfieran en la instrucción del caso o reincidan en los presuntos delitos por los que están siendo investigados.

Tras admitir que es "improbable" que Jesús Gil y su hijo traten de sustraerse a la acción de la justicia a estas alturas del proceso, los magistrados estiman, dando la razón al fiscal anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, que sí es posible que ambos imputados traten de obstruir la investigación o reincidan. La Sala recuerda que la forma de evitar estos dos riesgos es decretando la prisión incondicional, medida que resulta "excesiva y desproporcionada", o la libertad provisional bajo fianza, más razonable y beneficiosa para los imputados. "No es, por tanto, una medida inútil y superflua que sólo pretenda ser económicamente perjudicial para el recurrente, sino que es una medida alternativa, sustitutiva de la prisión", señalan.

Además, señala que, en caso necesario, el juez instructor encargado del casosiempre podrá revocar la libertad provisional bajo fianza para sustituirla por la prisión incondicional.

El magistrado Juan del Olmo, en sustitución de Manuel García-Castellón, nombrado juez de enlace con Francia para casos de terrorismo, instruye el proceso iniciado con la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, asu hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil, y otros delitos societarios.