Los magistrados consideran que la cuantía presuntamente defraudada es relevante, pero no afecta ni a la economía nacional, ni a la seguridad del tráfico mercantil ni a una pluralidad de perjudicados más allá de la localidad de Marbella, requisitos necesarios para que la Audiencia Nacional se haga cargo de la investigación.

Con estos argumentos, la Adiencia Nacional confirma el auto dictado el pasado 14 de febrero, por el que el magistrado Juan del Olmo ordenó que se remitiesen las actuaciones al Juzgado Decano de Marbella, con el fin de que se investiguen allí la última querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Gil.

Dicha querella fue presentada el pasado 8 de abril ante la Audiencia Nacional por el fiscal Anticorrupción Jaime Sánchez Junco, quien acusa al alcalde de Marbella de malversación y falsedad en documento público.

egún la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, entre 1991 y 1995 Gil se apropió de casi 5.000 millones de pesetas, mediante el desvío de fondos de tres empresas municipales. El departamento dirigido Carlos Jiménez Villarejo sostiene que, de la citada cantidad, el alcalde de Marbella ingresó en sus cuentas entre 700 y 800 millones de pesetas.