De esta manera, la Sala rechaza el recurso presentado por la defensa de Jesús Gil contra el auto por el que García Castellón decretó la administración judicial del Atlético de Madrid, la destitución del consejo de administración de ése, así como el embargo de las acciones del club rojiblanco, entre otras medidas.

En un auto hecho público hoy, la Sala de lo Penal asegura que, "al margen de las especulaciones más o menos interesadas que sobre las 'verdaderas' intenciones del juzgado de instrucción se pueden realizar, lo cierto es que estas resultan en todo momento inequívocas y patentes".

Asismismo, los magistrados señalan que "no le cabe duda a la Sala" de que los objetivos que persigue el juez García-Castellón con la administación judicial del Atlético de Madrid no son otros que "los fines ordinarios y generales que integran el contenido propio de las medidas cautelares".

Los magistrados rechazan el argumento de la defensa en cuanto a que el juez aplicó el Real Decreto Ley dictado el 20 de octubre de 1969 para la Administración Judicial en el Caso de Embargo de Empresas, una norma que, a juicio de los abogados de Gil, no está en vigor.

En este sentido, la Sala recuerda que el Tribunal Constitucional ha avalado la leglidad de la administración judicial, y arremente contra los recurrente por no haber aportado "ningún argumento sólido en apoyo a la inconstitucionalidad" que según ellos presenta la medida adoptada por García-Castellón.

Asimismo, critica a la defensa por presentar como único argumento la "descalificación global" de la ley empleada por García-Castellón para llevar a cabo la administración judicial.

PERFECTAMENTE LEGITIMA

Así, los magistrados sostienen que la administración judicial del Atlético e Madrid "responde a fines perfectamente legítimos" y no viola la Constitución ni de la legalidad vigente. "No adolece de ninguno de los defectos que le son achacados por los recurrentes", señala el auto.

Para los magistrados, de entre todas las medidas cautelares que García-Castellón podía haber tomado, entre ellas la prisión preventiva de los imputados, para evitar la reiteración del supuesto delito que se investiga, la "menos gravosa" es la administración judicial del Atlético de Madrid, medida quecalifica de "apta, adecuada, capaz y suficiente".

Además, la Sala detaca "la muy superior cualificación profesional acreditada del administrador judicial designado" por García-Castellón, Luis Manuel Rubí Blanc.

No obstante, los magistrados señalan que la medida cautelar no tiene por qué tener un carácter indefinido y que, en un futuro, García-Castellón bien puede sustituirla por otra menos severa, pero "igualmente eficaz para el cumplimiento de los fines pretendidos".

En otro auto hecho públco hoy, la Sala confirma también el auto por el que el juez García-Castellón decretó el embargo otras tres empresas más controladas por la familia de Jesús Gil: Gerencia Atlética, Policlínica Atlético de Madrid y Fundación Club Atlético de Madrid, medida que fue solicitada por Rubí, al entender que la vinculación entre estas tres sociedades, la familia Gil y el club rojiblanco hacían inevitable su embargo del Atlético de Madrid.

En la vista celebrada el pasado 23 de marzo, en la que se estudió el recuso presentado por las defensas contra el auto de García-Castellón, las acusaciones del "caso Gil" sostuvieron que la administración judicial del Atlético de Madrid es una medida "justa, proporcionada y constitucional".

Por su parte, la defensa de Gil argumentó que la administración judicial decretada por García-Castellón viola tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Civil. A su juicio, el juez debió fijar unas fianzas y embargar los bienes de los imputados en caso de no pagarlas, procediminto que no se ha seguido.

EL SUPUESTO FRAUDE

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiacin indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil, y otros delitos societarios.