A petición del fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Carlos Castresana, el juez había ordenado a la mujer de Gil, María Angeles Marín Cobo, y al administrador judicial del Atlético de Madrid que emitiesen las acciones de la inmobiliaria La Alhambra y del club rojiblanco, respectivamente.

Según las mismas fuentes, la inmobiliaria La Alhambra es propietaria de las acciones del Atlético d Madrid. El juez quiere saber exáctamente quiénes son sus accionistas. Según Gil, el instructor no puede decretar el embargo de todas las acciones del club, sino de la mitad, porque la otra pertenece a su mujer, quien no está imputada.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instuctor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios.