Fruto de la visita que realizó a principios de año el ministro de Asuntos Exteriores español, Javier Solana, a Méjico ha sido el acerdo de modificación del tratado de extradición entre ambos países que rige desde hace 17 años.

Con esta modificación, el Ejecutivo español pretende que se deje de considerar a los presuntos etarras exiliados en Méjico como refugiados políticos, por lo que sería más fácil la concesión de extradiciones.

Korta, en nombre de las Gestoras, pidió ante esta iniciativa "respeto al derecho de asilo y al derecho a vivir en Euskadi" y recordó que "la persecución de refugiados vascos siempre viene precedidade la criminalización de estas personas, achacándoseles diversas acciones criminales, que suelen ser puras mentiras, para justificar la represión posterior".

En opinión del portavoz de las Gestoras Pro-Amnistía, esta actuación del Gobierno "ni soluciona el problema de los refugiados ni soluciona el enfrentamiento que se vive en el País Vasco. Son sólo maniobras de carácter propagandístico para que el Gobierno pueda vender imagen de eficacia que no es tal".

El pasado año la judicatura mejicana se egó a conceder la única extradición solicitada en 1994 por el Ministerio de Justicia e Interior sobre Esteban Murillo Zubiri, considerado responsable de un atentado perpetrado en San Sebastián en 1978 y que costó la vida a cuatro personas.

Korta insistió en que de momento sólo "hay un cambio en el tratado de extradición, otra cosa es que, a pesar de ese cambio, las extradiciones se acaben concediendo o no. Nosotros tenemos la confianza de que la justicia mejicana será capaz de mantener la línea que hallevado hasta ahora y que en base al reconocimiento del carácter político de estos refugiados no conceda extradiciones".

Las Gestoras Pro-Amnistía estima que si se comenzaran a conceder extradiciones desde Méjico, "se sometería a la clandestinidad a esos refugiados".

El Gobierno español inició el pasado año una ofensiva diplomática dirigida a convencer a diversos gobiernos de América central y del sur de que comenzaran a conceder extradiciones de presuntos etarras, lo que se consiguió en el caso e Uruguay.

Méjico es uno de los últimos 'santuarios' donde ex miembros de la banda terrorista ETA se refugian para evitar ser juzgados en España.

Según el portavoz de la gestora 'abertzale', "si se entiende por eficacia del Gobierno la posibilidad de abrir caminos a una opción represiva, sí está siendo eficaz, pero la realidad es que hay más de 2.000 vascos refugiados y desde ese punto de vista la eficacia es nula".

"Para nosotros", dijo Korta, "eficaz sería conseguir que no existiesen refugados políticos. Con estas medidas el Gobierno pretende demostrar una efectividad que no existe y que en ningún caso significaría la solución del problema de Euskadi: ni al problema de los refugiados ni al del enfrentamiento que vivimos aquí".

Gestoras Por-Amnistía aún no ha decidido si solicitará entrevistas con representantes de la judicatura mejicana, ni ha establecido un calendario de movilizaciones de protesta, aunque "siempre tratamos de frenar las agresiones contra los refugiados y esta medida l es", agregó Korta a Servimedia.