La resolución, de 57 folios, ha sido remitida a la Delegación de Gobierno en el País Vasco y en Navarra, así como al Ministerio de Interior y a la Consejería de Interior del Ejecutivo de Euskadi para que la ejecuten.

La decisión tomada hoy por Garzón supone que los miembros de Gestoras Pro Amnistía no podrían, por ejemplo, convocar actos públicos ni cualquier otra atividad en nombre de dicha agrupación.

Según Garzón, dentro de la estructura de ETA, Gestoras Pro Amnistía se encarga de la captación de militantes para la mencionada banda terrorista, de la "promoción y coordinación de actividades de 'presión social'" ejercida a través de la violencia callejera.

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Gestoras Pro Amnistía también lleva a cabo actividades de "señalamiento" de potenciales víctimas de la violencia terrrista de ETA. Además, controla y dirige el colectivo de presos de de la banda terrorista, manteniendo su cohesión interna y asumiendo su sostenimiento económico.

Además, "a través de algunos abogados de su bufete", Gestoras Pro Amnistía consigue "información transcendente para la seguridad y subsistencia de la estructura operativa de ETA obrante en los procedimientos judiciales en los que sus militantes se hallan incursos y en los que tales letrados se hallan personados, remitiéndola posteriormente a os responsables de la organización terrorista para que puedan adoptar las medidas pertinentes".

Según Garzón, esta agrupación organiza actos de exaltación de la violencia terrorista y de quienes la practican, además de convocar las demoninadas "jornadas de lucha', en las que se producen abundantes daños sobre bienes e instalaciones, tanto de titularidad pública como privada, y coacciones a las personas".

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional e produce un mes y medio después de la "Operación Udazken" (Otoño), llevada a cabo el pasado 31 de octubre en las tres provincias del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra y que se saldó con la detención de varios dirigentes de Gestoras Pro Amnistía, a quienes imputa integración en organización terrorista.