Legalmente, los GAL no son considerados como una organización terrorista, al no demostrarse que se trataba de una banda criminal orgnizada durante el juicio contra los policías José Amedo y Michel Domínguez.

Las dos organizaciones han señalado que sólo en Vizcaya existen más de 70 familias de civiles muertos en atentado que no han accedido a las pensiones que les corresponden. Asimismo, estas asociaciones se comprometen a atender las solicitudes que les lleguen por ese motivo hasta el próximo 1 de agosto.

Las pensiones benefician a las víctimas civiles afectadas de lesiones permanentes, los cónyuges de fallecidos en atentados los hijos menores de 18 años y los padres de la víctima que dependían económicamente de ésta.

La portavoz de Gesto por la Paz, María Guijarro, señaló que junto a los problemas económicos existen otros de gran importancia, como los que encuentran los afectados para desarrollar una vida social normal.