La sesión de hoy de la Comisión Constitucional era la última oportunidad de alcanzar un acuerdo en el Congreso de los Diputados, ya que para una próxima sesión sólo está prevista la discusión sobre el preámbulo y después el texto irá a pleno para ir después al Senado.

El calendario previsto era que el texto pudiera ser sometido a referendum en Cataluña el próximo mes de junio, pero esa previsión se alterará si se decide buscar un acuerdo antes de laaprobación definitiva.

Algunos partidos catalanes no descartan pedir que el texto vuelva a la ponencia antes de salir de la Comisión, y tampoco la presentación de enmiendas en el Senado, lo que implicaría que la Comisión de la Cámara Alta debería constituir una ponencia. Para la votación de hoy habían quedado varias disposiciones adicionales, entre ellas la tercera, que preveía varias materias que deberían ser transferidas a la Generalitat haciendo uso del artículo 150.2 de la Constitución.

Esa disposición había quedado prácticamente vaciada de contenido tras varios acuerdos sobre competencias alcanzados en días anteriores, pero quedaba pendiente la gestión de los puertos y aeropuertos ubicados en Cataluña.

En el texto original del Parlamento catalán se planteaba que esa gestión fuera una de las materias transferidas directamente por el Estado, pero el PSOE se oponía a ese extremo. Después de varias votaciones con textos discordantes, es decir, de discrepancia entre la Comisión Constitucional y la delegación del Parlamento catalán, los socialistas propusieron una disposición adicional de nueva creación.

Ese texto decía: "La Generalitat participará en la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general, singularmente el de Barcelona, El Prat, en los términos que establezcan las leyes".

Eso hubiera significado que una futura ley regularía el modo de gestión de los puertos y aeropuertos. Un segundo apartado del texto propuesto por el PSOE indicaba que sería un "consorcio" el que ejecutaría la gestión con presencia del Estado y la Generalitat, pero no mencionaba el nivel de esa presencia.

La enmienda sólo fue respaldada por el PSOE y por el PSC, y rechazada por todos los demás, incluido el PP, aunque por motivos contrarios a los esgrimidos por los partidos catalanes.

El socialista Diego López Garrido defendió ese texto en contra del que contenía la disposición adicional tercera y que supondría, en la práctica, transferir la gestión completa a la Generalitat, algo que "creemos que no debe hacerse".

López Garrido insistió en que el Estado "no debe dejar de estar presente" en la gestión de los aeropuertos, pero añadió que la Generalitat "debe participar" y esa "mención" era la que pretendía garantizar el PSOE.

REPARTO DE RESPONSABILIDADES

Una vez rechazada la enmienda del PSOE, lo que queda es el desacuerdo entre la Comisión Constitucional y la delegación de Cataluña, lo mismo que ocurrió anteriormente con las selecciones deportivas y la circunscripción para las elecciones europeas.

En ese caso prima el criterio de la Comisión Constitucional, con lo que decae, en la práctica, la posibilidad de transferir a Cataluña la gestión de los puertos y aeropuertos.

Al pleno sólo puede llegar el texto único que apruebe la Comisión Constitucional, por lo que la única forma de superar el desacuerdo con un pacto es regresando a ponencia o en el Senado.

La constatación del desacuerdo en este punto enrareció considerablemente el ambiente de la Comisión. Francesc Homs, de CiU, acusó a los socialistas de vulnerar un acuerdo alcanzado y Joan Ridao, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), achacó lo sucedido a la "precipitación" del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU.

El socialista Diego López Garrido se mostró convencido de que el desacuerdo puntual en aeropuertos no alterará el acuerdo global en torno al texto, y aseguró que en este punto concreto no había existido acuerdo cerrado en ningún momento.

López Garrido pidió a los partidos catalanes "un gesto" respaldando su propuesta y teniendo claro que todo queda abierto al contenido de una ley "sin prejuzgar nada".

Jaume Bosch, de Iniciativa per Catalunya-Verds, contradijo a López Garrido y dijo que en una reunión con Alfredo Pérez Rubalcaba el 19 de enero había habido un acuerdo de fondo sobre este asunto.

Alertó también de que se trata de una discrepancia "importante" y que su grupo tratará de resolver en cada paso de la tramitación, hasta el martes en el Congreso de los Diputados y después en el Senado si fuera necesario.

En la misma idea incidió Francesc Homs, de CiU, al dejar claro al PSOE que esta tarde "no ha terminado nada" porque el proceso sigue adelante y, por tanto, no hay lugar para "dramatismos" pero sí para seguir negociando.

Lanzó además un mensaje al PSOE en clave interna catalana al decir a los socialistas que en breve pueden estar cantando aquello de "dónde está la llave, matarile".

Homs, igual que Bosch, se mostró dispuesto a utilizar "todos los mecanismos reglamentarios a nuestro alcance" y a lo largo de toda la tramitación para buscar "un desenlace feliz". La Comisión aprobó una enmienda para modificar la redacción del artículo que hacía referencia al sistema de archivos de Cataluña. "Los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Cataluña", dice el texto final.

Soraya Sáenz de Santamaría defendió sin éxito las enmiendas del PP y Teresa Aragonés hizo lo propio con los votos particulares presentados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El Título VII, sobre los procedimientos de reforma del propio Estatuto, se aprobó sin modificaciones respecto del texto de la ponencia.

El título contó con la oposición del PP y Teresa Aragonés, de ERC, alertó de que sus dos artículos, pese a ser de los que menos atención han merecido, serán "bastante utilizados".