Según este modelo, el vicepresidente primero el Gobierno, Rodrigo Rato; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -que hoy han sido citados oficialmente a comparecer el próximo lunes-; el secretario de Estado de Economía, José Folgado, y el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana -citados para este viernes-, no tendrán que contestar una a una las preguntas de los diputados.

Para establecer el modelo de comparecencia, el Partido Popular se escuda en los artículos del Reglamento del Congreso que regulan las comparecencias de miembros del Goierno antes las comisiones y que prevén una exposición del miembro del Ejecutivo, un turno de portavoces y otro nuevo turno para el compareciente, en respuesta a las intervenciones de los representantes de los grupos.

En cuanto al gobernador del Banco de España, que no es miembro del Gobierno, los populares han solicitado el mismo tratamiento "en consideración a una alta institución del Estado", según manifestó a los periodistas el diputado del PP Rafael Cámara.

Todos los grupos de la oposición vtaron en contra de modificar el formato habitual de la "comisión Gescartera", excepto CiU y el presidente de la misma, Luis Mardones, de Coalición Canaria, que se abstuvieron.

La comisión también rechazó, esta vez con los votos del PP y CiU, la solicitud de ampliación del plazo de los trabajos de la comisión hasta el 31 de diciembre, presentada por PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto.

Una nueva reunión de trabajo de la comisión de investigación decidirá el próximo martes elevar al pleno una petición paraprorrogar este plazo, que acaba el 6 de noviembre, para poder celebrar alguna comparecencia más y comenzar con el debate y redacción de las conclusiones.

Fuentes del PP indicaron que no son partidarios de citar a nuevos comparecientes tras las intervenciones de Rato y Montoro, con lo que la ampliación del plazo sería únicamente para ir haciendo las conclusiones.

Por otra parte, la comisión volvió a rechazar hoy, de nuevo con los votos del Partido Popular, la petición del PSOE para solicitar la delaración de bienes y actividades del vicepresidente económico del Gobierno.