Entre los citados se encuentra Aníbal Sardón, responsable de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), una agencia de gestión que captaba fondos para Gescartera, así como su mujer y tres de los hijos del matrimonio. También ha citado como imputada a la administradora de AGP, Inmaculada Baltar.

Según admitió en su día ante la juez, Sardón captó clientes que aportaron unos 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), entre ellos la Mutualidad de la Policía, que invirtió en Gescrtera 1.500 millones (9 millones de euros).

Sardón y Baltar comparecerán mañana, día 11, mientras que la mujer y los hijos del primero declararán ante la magistrada al día siguiente, el martes 12.

El miércoles, día 13, la magistrada ha citado a dos ex responsables del Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) en España, una de las entidades bancarias que mayor relación tuvo con la mencionada agencia de valores. Se trata de Francisco José Bauzá y de Salvador Pastor, ex vicepresidente y ex diretivo de dicha entidad bancaria, respectivamente.

Francisco José Bauzá fue abogado, compañero y socio de Alberto Alonso Ureba, con quien levantó una agencia que se encargó de asesorar a Gescartera. Se da la circunstancia de que el socio de Francisco José Bauzá es el hermano de Antonio Alonso Ureba, quien fue secretario del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta febrero de 2001.

Estas citaciones se enmarcan dentro de las diligencias que el fiscal ha solicitado a la magitrada, con el fin de averiguar quién, cómo y por qué asesoró a los inversores para que confiarán su dinero a Gescartera, cuando se trataba de una agencia apenas conocida y que además había sido expedientada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este caso saltó a la luz cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comprobó que los libros contables presentados por Gescartera no eran transparentes e impedían conocer la verdadera situación de la compañía, por lo que acordó s intervención.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, es la encargada de investigar este caso, en el que trata de esclarecer la desaparición de unos 93,5 millones de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia de valores Gescartera.