De este modo, la magistrada rechaza también los hechos denunciados en las respectivas querellas por ambas partes. Si alguien desea formar parte como acción popular en un caso judicial, debe presentar un escrito de acusación, según establece la ley.

La magistrada considera que la querella presentada por el PP en el "caso Gescartera" tiene un relato de hechos muy genérico y no concreta los delitos que denuncia.

En cuanto a la de los cuatro diputaos del PSOE que formaron parte de la comisión de investigación parlamentaria del "caso Gescartera", la magistrada estima que tiene diversos defectos de forma.

Siguiendo la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, encargada de este caso, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional estima que ambas querellas carecen de los requisitos mínimos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otra parte, la juez instructora del "caso Gescartera" tomó declaración com testigos a representantes de distintas órdenes religiosas.

Según fuentes jurídicas, las que más datos han aportados han sido la orden de las Agustinas, que explicaron a la magistrada que conocieron de Gescartera a través del marido Pilar Giménez Reyna, la presidenta de la mencionada agencia de valores.

Señalaron que el marido de Pilar Giménez Reyna había realizado trabajos de aparejador para su congregación, que invirtió 425 millones de pesetas con el fin de obtener unos beneficios con los que pder construir un polideportivo.

Además, explicaron que Gescartera liquidada los resultados de las inversiones cada tres meses y aseguraron que no sabían que 300 millones de sus 425 millones de pesetas habían sido enviado a las Islas Cayman, de donde regresaron transformados en 325 millones de pesetas.

Por su parte, El resto de los testigos religiosos señalaron a la juez que fue la propia Gescartera la que les envió una carta explicándoles que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estba inspeccionando la agencia.

Asimismo, añadieron que fue la propia agencia la que les explicaba que la CNMV solicitaba unos datos, expresados en otra misiva que los inversores debían firmar y reenviar, si estaban de acuerdo, por correo.

En este sentido, explicaron que la carta con los datos que solicitaba la CNMV estaba lista para firmar y venía preparada ya en un sobre, con la dirección y el sello.

En esta investigación, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audienci Nacional, Teresa Palacios, trata de esclarecer la desaparición de 94 millones de euros (15.578 millones de pesetas).