La juez tomó esta decisión a petición del fiscal Anticorrupción encargado del caso, Luis López Sanz, después de que Prats reconociese que se habían pagado talones al portador sin comprobar que la firma que refrendaba el cheque correspondía a la persona que recogía el dinero.

Hay que recordar que Javier Sierra de la Flor, consejero y apoderado de Gescartera y también imputado en este caso, declaró ante la jue Palacios que él firmó y refrendó cheques en blanco al portador que luego recogieron otras personas, entre ellas el propio chófer de Camacho, José Sanz Guijarro.

Sanz Guijarro, también imputado en el "caso Gescartera", reconoció haber acudido a La Caixa de Majadahona en más de una ocasión, tanto para cobrar talones al portador ya refrendados, como para llevar maletas con dinero.

Prats también reconoció esta tarde ante la magistrada este extremo, si bien aseguró que la cantidad en metálico que se legó a ingresar en la cuenta de La Caixa a través del chófer de Camacho fue de 240 millones de pesetas.

Para las acusaciones de este caso, no se explica que los responsables de La Caixa de Majadahonda no llamasen a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Dinero ante la presencia reiterada de una misma persona que llevaba a su entidad maletas con grandes cantidades de dinero en metálico.

En total, entre mayo de 1999 y mayo de 2001 se retiraron de la cuenta de Gescartera en La Caixa de Majadahondaunos 2.000 millones de pesetas (1.500 en cheques de más de 500.000 pesetas y el resto en talones de menos de medio millón de pesetas).

A las acusaciones de este caso también les llama la atención que en la mismas fechas que se realizaron tales salidas de capital también se ingresaran ingentes cantidades de dinero.

Prats aseguró a la magistrada que llevar dinero en metálico a una sucursal bancaria, como hacía el chófer de Camacho, es una práctica "habitual" en el mundo financiero y que en ningún mmento les llamó la atención puesto que se trataba de Gescartera, una sociedad que contaba con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Para las acusaciones de este caso, la imputación de Prats y Castro abre la puerta para declarar la responsabilidad civil subsidiaria por negligencia de La Caixa en este caso.

CAMACHO, MAÑANA

Por otra parte, la juez Teresa Palacios tomará mañana declaración al dueño de Gescartera, Antonio Camacho, principal imputado en este caso.

La decaración de Camacho estaba prevista para esta mañana, pero tuvo que suspenderse después de que su abogado, José Lozano, no se presentase en el juzgado para atender a su cliente, quien se negó a declarar ante otro letrado que no fuese el ya mencionado.

Lozano argumentó que, hasta las once de esta mañana, no le habían notificado a su procurador la citación de su cliente, quien, a su vez, aseguró que se había enterado por un informativo televisivo de que tenía que comparecer hoy.

"No somos subditos dl juzgado", dijo este letrado, quien trató de justificar que no había tenído tiempo material para sacar un hueco en su agenda para atender a su cliente, porque tenía otros muchos asuntos pendientes.

La actitud de Lozano provocó la indignación de los demás letrados presentes en la causa, que sí se habían enterado de la citación de Camacho, pese a no ser cliente suyo.

Por su parte, la magistrada como el fiscal encargados del caso, Teresa Palacios y Luis López Sanz, no descartan presentar un escritode queja ante el Colegio de Abogados de Madrid por la actitud mostrada por Lozano, puesto que "un juzgado no puede depender de una agenda", según explicaron fuentes jurídicas.

EL HOMBRE DE CONFIANZA

Teresa Palacios tomó declaración como testigo a Fernando Lorca, hombre de confianza de Camacho. Este ex guardia civil explicó que el dueño de Gescartera le contrató para realizar labores de seguridad, pero que, debido a que no tenía la licencia correspondiente, terminó siendo el chico de los recados.

Entre sus funciones se encontraba la de pasear al perro y la de recoger al dueño de Gescartera cuando salía por las noches a tomar unas copas.

En este caso, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, trata de esclarecer la desparición de 15.578 millones de pesetas de Gescartera.