El ministerio de Rodrigo Rato tiene que autorizar qué porcentaje del Fondo de Garantía de Depósio, en el que participan todas las entidades financieras, se destina al Fondo de Garantía de Inversiones (FGI), desde el que se abonará a los afectados por los casos fraudulentos un máximo de 20.000 euros por inversor (3,3 millones de pesetas), tal y como consta en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

Economía cuenta ya con un informe preceptivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según pudo saber Servimedia en fuentes de este organismo, al que se une otro del Banco de Españ.

Ahora sólo falta que resuelva la Secretaría de Estado de Economía o el Tesoro, si bien fuentes del departamento de Rato consultadas por esta agencia dijeron desconocer cuándo se tomará esta decisión.

La cantidad de la dotación viene dada por el cálculo realizado por la Sociedad Gestora del Fondo de Garantía, que es la que abonará los importes a quienes demuestren que han sido afectados por alguno de estos escándalos.

PAGOS YA

Por su parte, la Sociedad Gestora del Fondo de Garantía de Depsitos, encargada de satisfacer las indemnizaciones, tiene ya dado el visto bueno para la devolución de los importes perdidos (hasta los citados 20.000 euros) a un paquete de entre 500 y 700 inversores.

Según explicó a Servimedia el director general de la Sociedad Gestora del Fondo, Cristóbal Barrionuevo, los afectados están ya recibiendo cartas a las que deberán dar el visto bueno.

A partir de aquí, mostró su confianza en que los pagos comiencen a realizarse a finales de julio o principios de agoto, con un atraso de más de un mes sobre lo previsto inicialmente.

Barrionuevo recordó que es "peliagudo" comprobar toda la documentación entregada por los afectados, que en muchos casos es muy antigua o bien tiene ramificaciones fuera de España. Actualmente, se están estudiando unos 1.800 expedientes de inversores afectados por el "caso Gescartera" y otros 6.000 del "caso AVA".

El caso de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA) supuso la desaparición de más de 15.000 millones de pesetas procedente de unos 6.000 pequeños inversores, principalmente jubilados aragoneses.

En cuanto al "caso Gescartera", los fondos supuestamente desaparecidos se situaron en torno a los 16.000 millones de pesetas. En este caso, los últimos datos facilitados por la CNMV a Servimedia cifraban las reclamaciones de unos 1.500 inversores en casi 5.000 millones de pesetas, apenas un tercio de lo perdido.