El texto de conclusiones del PP, presentado en rueda de prensa por el portavoz del PP en la comisión, Vicente Martínez-Pujalte, señala que "ni de la documentación ni de las comparecencias se ha desprendido implicación alguna, ni directa ni indirecta, de algún miembro del gobierno, ni de ningún otro alto cargo, en el devenir de la empresa Gescartera o de las empresas ligadas a ella".

Las conclusiones de los populares serán la base del dictamen que apruebe la comisión en su reunión del póximo miércoles, y que después será elevado al Pleno del Congreso de la semana siguiente.

Este dictamen determinará que "no existe ninguna responsabilidad política adicional" a las ya asumidas con las dimisiones de Enrique Giménez-Reyna como secretario de Estado de Hacienda y Pilar Valiente como presidenta de la CNMV y con las destituciones de directivos de las empresas públicas SAES y Cetarsa, compañías que perdieron dinero por sus inversiones en la agencia de valores.

En el caso del ex vicepresdente de la CNMV Luis Ramallo, las conclusiones del PP se remiten al informe del Ministerio de Administraciones Públicas que señala que no incurrió en incompatibilidad, aunque para el futuro recomiendan "ser especialmente vigilante con las incompatibilidades de miembros de la CNMV, en sus relaciones con los supervisados" y que "el cobro de la remuneración de transición lleve a aparejado una estricta observancia de la cesantía.

Martínez-Pujalte indicó que con estas reflexiones su partido "no ha cambiad el concepto de responsabilidades políticas" que tenía cuando estaba en la oposición, saliendo al paso de las acusaciones del PSOE en este sentido.

REFORMAS

Como propuestas de mejora para el futuro, la comisión instará al Gobierno a que adopte una serie de medidas, centradas principalmente en una importante reforma de la CNMV, que contempla mejorar y reglar los procedimientos internos del trabajo de la Comisión, impulsar un estatuto orgánico de la entidad, revisar el régimen de publicidad de las saniones en el sistema financiero o establecer mayores garantías para las sociedades gestoras de patrimonio.

El dictamen de la comisión también propondrá acrecentar las obligaciones de las firmas de auditoría para impedir que se puedan emitir informes sin salvedades sobre entidades con una contabilidad defectuosa, según las conclusiones del PP.

El PP también propone reforzar las obligaciones de las entidades financieras, que deberán elaborar estados de información en los que se detallen las magnituds de la actividad de depósito de valores, comprobar que la información suministrada coincida con el inventario de clientes, verificar el cuadre de este inventario de clientes con los registros contables de la entidad y comprobar las cuantías y estructuras de las carteras de los clientes con la información de la sociedad.

Igualmente, deberán controlar que las operaciones realizadas en la gestión de la cartera lo han sido en régimen de mercado, que respetan las condiciones del contrato firmado por el clente y recabar del gestor información suficiente que le permita desarrollar adecuadamente sus funciones de supervisión y vigilancia.

Asimismo, las entidades financieras deberán comunicar al organismo supervisor cualquier deficiencia o inexactitud detectada en la documentación de la entidad autorizada -potenciándose para ello la colaboración entre auditores y CNMV-, comprobar que las liquidaciones de valores y efectivo son realizadas en los plazos al uso y realizar un envío de estados de posición firmaos conjuntamente por la entidad que realiza la gestión de la cartera y en la que se depositan los títulos que componen dicha cartera.

PARAISOS FISCALES

En otro orden de cosas, el dictamen que aprobará la comisión pedirá el establecimiento de normas que permitan una "absoluta vigilancia" sobre depósitos de valores "en entidades cuyo domicilio tenga la consideración de paraíso fiscal".

En el ámbito de la Agencia Tributaria, pedirá mejoras en la tramitación de los expedientes fiscales, sobre todola hora de seleccionar a los contribuyentes en función de sus "perfiles de riesgo"; en la informatización de los métodos de trabajo de la investigación tributaria; reforzar los mecanismos de control en las altas, bajas y reasignación de expedientes en el Plan de Inspección; y potenciar la coordinación entre las distintas áreas de trabajo.

Por último, la comisión propondrá "establecer criterios de conducta respecto a las inversiones financieras que puedan realizar determinadas entidades sin ánimo de lcro, instituciones de carácter asistencial u otras análogas", sin mencionar expresamente a entidades como la ONCE o algunas instituciones religiosas que se han visto involucradas en la trama de Gescartera.

Como medidas adicionales, la comisión acordará que el presidente de la CNMV comparezca en la Comisión de Economía del Congreso una vez cada periodo de sesiones para informar sobre los trabajos de la entidad y remitir toda la documentación de la comisión de investigación al órgano jurisdiccional paracolaborar con la investigación que está desarrollando en relación a Gescartera.