Con los datos que se conocen al día de hoy, la asociación, que también ejercerá la acusación particular en nombre de varios perjudicados por la estafa, ha presentado sus conclusiones técnicas y jurídicas, en las que basarán su actuación procesal.

Ausbanc pedirá que quienes resulten responsable penales respondan con su patrimonio de los perjuicios causados a los afectados, pero paralelamente, como permite el artículo 121 del Código Penal, reclamará al Estado como responsable subsidiario de los delitos que hayan cometido los imputados, porque se trata de autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

El único requisito del mencionado artículo 121 es, como señaló en rueda de prensa Montserrat Suárez, letrada de Ausbanc que llevó su acusación en el "caso Banesto" y se encarga ahoa de Gescartera, que la indemnización pedida sea la misma para los condenados que para el Estado como responsable subsidiario.

Ahora bien, Ausbanc utilizará simultáneamente a la vía penal la vía contencioso-administrativa, que no requiere la vinculación directa o indirecta del penalmente responsable con la Administración (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ministerio de Economía, etcétera), sino que se basa en un nexo de causalidad entre los culpables y la Administración fundamentada en las sigientes "conclusiones técnicas".

En primer lugar, la CNMV no se ha mostrado "lo suficientemente ágil para impedir el fraude en una entidad registrada", con el "agravante" de que el carácter de entidad registrada es el primer requisito de confianza que el organismo supervisor recomienda comprobar a los inversores.

MAXIMA TARDANZA

Según subrayó Sergio Martínez, delegado en Cataluña de Ausbanc, "de los hechos (se deduce) que cuando se intervino Gescartera no podía ni pagar el teléfono, con lo cual ra inmediato el momento en el que el público determinara que 'eso' no funcionaba bien, y por tanto el momento de la intervención fue en el último momento. Esa tardanza ha sido máxima, no podía esperarse ni un día más porque no le quedaba nada".

En segundo lugar, Gescartera dispuso de los fondos de sus clientes como si fueran propios mediante el uso de cuentas 'ómnibus' a nombre de Gescartera, lo que para Suárez es un "fraude de ley" porque una agencia de valores tiene prohibido por ley operar por cuena propia y sólo puede hacerlo por cuenta de sus clientes.

"Eso no puede pasar desapercibido en una vigilancia (CNMV), no puede pasar desapercibido ni por la auditora", señaló Suárez. "Todos recordamos la típica reunión cuando saltó de ser gestora a ser agencia, que había irregularidades contables".

Asimismo, la existencia de cuentas bancarias cifradas, domiciliadas formalmente en paraísos fiscales, favorece este fraude y otros, según la organización de defensa de los usuarios.

Ausbanc considra que la coincidencia generalizada entre el depositario y el gestor de instituciones de inversión colectiva es un riesgo para los inversores, además de "una clara limitación de la competencia y una falta de calidad en el sector".

También constata la asociación que es necesario que la CNMV cuente con personas totalmente independientes del mercado y de los emisores. La conclusiones de Ausbanc han sido entregadas hoy en el Congreso de los Diputados.