A partir de ahora, según informó a Servimedia el director general de la Sociedad Gestora del Fondo, Cristóbal Barrionuevo, los afectados deberán dar su conformidad con las cantidades querecoge la misiva que reciben, para recibir automáticamente las transferencias.

Ayer se procedió al primer envío de cartas, correspondientes a unos 500 afectados, a las que se irán añadiendo nuevas remesas poco a poco, según dijo Barrionuevo, por la dificultad para contrastar los datos de los inversores que reclaman con la realidad.

"Es un asunto peliagudo porque las comprobaciones deben realizarse con todas las garantías", insistió el responsable de la Gestora, antes de precisar que se están estuiando unos 1.800 expedientes de inversores afectados por el "caso Gescartera" y otros 6.000 del "caso AVA".

En ambos casos, las ramificaciones de inversiones en el extranjero dificultan la investigación y la comprobación de que lo solicitado por los inversores es real.

DINERO

A pesar de que Barrionuevo aseguró que "no hay problema" para que la Gestora se enfrente a los pagos, señaló que el Ejecutivo todavía no ha fijado el porcentaje que podrán disponer del Fondo de Garantía de Depósitos e Invesiones, en el que realizan aportaciones bancos, cajas y cooperativas de crédito.

No obstante, la Gestora cuenta con una dotación inicial de 500 millones de pesetas para comenzar los pagos. "Esperamos que Economía se pronuncie en breve sobre nuestro porcentaje", dijo Barrionuevo.

Así, desde que comience a recibir las primeras conformidades por parte de los afectados, la Gestora elegirá dos días en semana para proceder a efectuar las correspondientes transferencias.

El caso de la Agencia de Vaores Aragonesa (AVA) supuso la desaparición de más de 15.000 millones de pesetas procedentes de unos 6.000 pequeños inversores, principalmente jubilados aragoneses.

En cuanto al "caso Gescartera", los fondos supuestamente desaparecidos se situaron en torno a los 16.000 millones de pesetas. En este caso, los últimos datos facilitados por la CNMV a Servimedia cifraban las reclamaciones de unos 1.500 inversores en casi 5.000 millones de pesetas, apenas un tercio de lo perdido.