En caso de igualdad de puntuación entre varias empresas a la hora de acceder a una adjudicación administrativa o ayudas económicas de la Generalitat, tendrá preferencia aquella que cuente con mayor porcentaje de trabajadores discapacitados. La misma prioridad tendrán aquéllas empresas que contraten con la Administración la adquisición de tecnologías adaptadas alas necesidades de las personas con discapacidad.

En opinión de Blasco, "esta medida es necesaria para que la igualdad de oportunidades no sea una mera proclama jurídica, sino una realidad cotidiana para todos los ciudadanos, sobre todo si pertenecen a colectivos especialmente vulnerables".

Según establece el Estatuto del Discapacitado, las empresas que pretendan recibir ayudas o subvenciones de la Generalitat Valenciana también deberán acreditar que cumplen la normativa sobre integración laboralde personas con discapacidad, para que estos trabajadores puedan desarrollar su labor en condiciones.

"La eficacia de estas medidas", afirmó Blasco, "no sólo depende de la intervención de los poderes públicos, sino de la participación activa de las empresas y de la sociedad civil, ya que la lucha por la igualdad de oportunidades nos compete a todos".

El Estatuto del Discapacitado recoge otras medidas complementarias, como la flexibilidad de horarios laborales, tanto en las empresas como en la Admnistración, para los trabajadores que tengan a su cargo a personas con algún tipo de discapacidad. Además, Bienestar Social otorgará ayudas a las empresas que pongan en marcha esta iniciativa.

La Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres recoge iniciativas que apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos de la Generalitat Valenciana los licitadores que presenten un Plan de Igualdad de Oportunidades aprobado previamente por cualquier Administraciónpública.

La ley de igualdad también fomenta la conciliación de la vida familiar y laboral, con el fin de que las mujeres tengan más posibilidades de desarrollar un trabajo. La norma recoge medidas como la flexibilidad de horarios, los permisos de maternidad y paternidad y la atención a la infancia, sobre todo en el tramo de entre cero y tres años.