El consejero valenciano de Economía, José Luís Olivas, de quien depende la ejecución de esta obra, apuntó en la misma rueda de prensa que el anterior proyecto "carecía de utilidad pública y era demasiado costoso para realizarlo".

Tras la decisión de paralización de estas obras, la empresa pública VACICO (Valenciana de Ciencia y Comunicación se encargará de elaborar y renegociar con las empresas constructoras el diseño de las nuevas estructuras, cuyo coste asciende a 25.000 millones de pesetas.

La obra más significativa del proyecto inicial, una torre de comunicaciones de 360 metros de altura, contratada con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, ha sido descartada en el diseño actual, sustituyéndola por un complejo de cuatro edificios donde irá ubicada una "Ciudad de la Justicia", según los planes del Gobierno valenciano.

Un useo de las ciencias del futuro, un planetario, estructuras de ocio y comerciales completarán el proyecto, que está previsto terminar en 1999.

Las empresas constructoras contratadas por el anterior Gobierno socialista podrían pedir hasta un 20 por ciento del coste de las obras en concepto de indemnizaciones, en el supuesto de que no se llevaran a cabo los trabajos.

Olivas reconoció hoy el derecho de recibir compensaciones por estas empresas, "pero otra cosa es que tengan que ser indemnizadas con l 20 por ciento, una cantidad que no suele ser la que corresponden a los beneficios de las empresas de este sector".