El Gobierno Valenciano también solicita que se proceda a la derogación expresa de la norma, de manera que se reconozcan las competencias exclusivas que corresponden a la Comunitat Valenciana en materia de Vivienda.

Además, la Generalitat considera igualmente "lesionada" la autonomía financiera de la Comunitat por lo que este requerimiento también persigue prevenir que la utilización del poder financiero del Estado pueda "desconocer, desplazar o limitar" las competencias materiales autonómicas.

Entiende el Gobierno de Francisco camps que las comunidades autónomas, "en concreto la valenciana, articulan eficaces políticas sociales", por lo que es posible establecer mecanismos de colaboración y coordinación con las políticas estatales para que "no se lesionen" las competencias autonómicas.

Estima importante que los fondos destinados por el Estado a subvenciones que deban gestionar las comunidades autónomas se transfieran de modo que éstas puedan disponer prontamente de los mismos, sin más condicionamientos que los que deriven del ejercicio de las competencias estatales sobre la materia, según reza el acuerdo adoptado hoy.

Además, ve necesario integrar los recursos estatales destinados a la financiación en sus políticas autonómicas, adaptándolas a las peculiares circunstancias de su territorio, de manera que las comunidades autónomas dispongan de los recursos y puedan gestionarlos en cumplimiento de las competencias asumidas con exclusividad.

Por último, apunta, "es conveniente destacar que para atribuir una competencia al Estado no basta que una materia tenga interés público, incluso general", como es el caso de la Renta Básica de Emancipación.

Según la línea interpretativa del Tribunal Constitucional, que entre otros principios establece que la competencia especial prevalece sobre la general, la regulación de la renta básica de emancipación es una facultad "consustancial e ineludible" de la competencia en materia de vivienda que tiene asumida en exclusiva la comunidad autónoma, enjuicia.

De esta forma, concluye, al Estado le quedaría únicamente la facultad de transferir a las comunidades autónomas la financiación oportuna, sin que pueda utilizarse el territorio como elemento determinante de la delimitación de competencias entre Estado y Comunidad Autónoma.