Según las investigaciones de la cadena radiofónica, la operación comenzó cuando Elche Comunicaciones, sociedad que explota Tele Elx, atravesaba problemas en 1990. Sus directivos consultaron con Miguel Millana, ex consejero de Trabajo de la Generalitat y presidente de la Federación de Empresas Valencianas de Economía Social, quien asesoró a esta sociedad para obtener una subvención a fondo perdido de la Consejería de Trabajo.

Así, constituyeron la sociedad anónima laboral "antasma" Cosistel SA, con socios trabajadores que ni siquiera estaban dados de alta en la empresa. Uno de ellos era el jefe del gabinete de prensa del alcalde de Elche y firmó ante notario ser trabajador de Cosistel, sabiendo que era falso.

Con esta falsa documentación solicitaron la subvención a la Consejería de Trabajo, quien puede entregar como máximo 500.000 pesetas por trabajador. Como en la escritura sólo aparecían 4 socios trabajadores, falsificaron una nueva escritura en la que hicieron figura 16 socios trabajadores falsos.

La Consejería no comprobó toda la documentación, a pesar de tener la obligación de hacerlo, y, en vez de otorgar los 8 millones de subvención establecidos como tope máximo por ley, el entonces consejero de Trabajo, Miguel Domenech, autorizó personalmente una cláusula de excepcionalidad y aumentó la subvención a más de 30 millones a fondo perdido.

Según manifestaron a la Ser el antiguo director de la empresa, Blas de Peñas (actual presidente de la Asociación de la Pensa de Alicante), y del antiguo director financiero, Manuel Ruiz, en el accionariado de Cosistel se encotraban, en el momento en el que se concedió la subvención, Martín Sevilla, consejero de Industria; José Fornés, vicepresidente de la Diputación de Alicante; Diego Maciá, diputado autonómico y secretario general del PSOE en Elche, y Antonio Torres, ex director general de la Consejería de Trabajo.

El director financiero Manuel Ruiz declaró a la cadena de radio que cuando la empresa tenía dificultadeseconómicas le llegaba dinero en maletines y que él sospechaba que había algunos políticos socialistas detrás de la consecución del dinero, aunque no les conocía directamente.

Por otra parte, también según la Cadena Ser, tres años después de la concesión, la Consejería de Trabajo exigió a la empresa que le devolviera la subvención más un 20 por ciento de recargo y multó a Cosistel con 8 millones de pesetas por infracción muy grave, sin que hasta el momento la hayan pagado.

Asimismo, la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de Valencia calificó los hechos de posible estafa y apropiación indebida, siendo la titular del Juzgado número 20 de Elche la encargada de la investigación.