De esta manera, se da cumplimiento al mandato hecho en este sentido desde el Parlamento de Cataluña a raíz de los hechos ocurridos en el barrio del Carmel.

El proyecto de ley establece los principios generales a los cuales se debe sujetar la planificación, la programación, la proyección, la contratación, la dirección, la ejecución y el control de la obra pública. Esta ley se aplicará en las obras públicas de competencia de la Generalitat de Cataluña.

La futura normativa define los sujetos que intervienen en la obra y distingue y delimita sus responsabilidades. Es decir, el promotor, el gestor, las personas que proyectan la obra, que la dirigen y la ejecutan, así como los coordinadores de seguridad y salud, los delegados de obra, las oficinas de supervisión de proyectos o los laboratorios de control de calidad.

Se establece un horizonte de 4 años para la planificación de las inversiones públicas y un periodo de un año para su programación.

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Asimismo, y para dar cumplimiento a uno de los mandatos del Parlamento regional, que reclama una mejor publicidad previa de la planificación de las inversiones públicas y de la programación de las obras que se han de ejecutar, el proyecto de ley prevé la difusión de la planificación y la programación a través de páginas web oficiales o de la publicación que corresponda.

Igualmente, establece y distingue entre los estudios informativos y los proyectos y fija sus contenidos y su tramitación. Del mismo modo, hace también especial incidencia en sus modificaciones.

Así, se señala como objetivo reducir dentro de lo posible el número de modificaciones posteriores de un estudio o proyecto ya aprobado.

Otro elemento que destaca de lo aprobado hoy por el Gobierno de Pasqual Maragall es que se aumenta el papel de los órganos de supervisión como la oficina o unidad de supervisión de proyectos, que realizará los informes de supervisión, en los cuales se verificará que el estudio informativo y el proyecto y sus modificaciones han sido realizados de acuerdo con las disposiciones técnicas y que cumplen todos los requisitos y objetivos exigibles.

En cualquier caso, la supervisión favorable no eximirá de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista en cuanto que autor del estudio o proyecto.

El proyecto de ley establece también algunos requisitos específicos respecto a la supervisión de la planificación y ejecución de las obras subterráneas, esto es, estudios geológicos y geotécnicos, supervisión continua y creación del Consejo Asesor de Túneles.