Recuerda la Generalitat en una nota difundida esta tarde que el recurso planteado por el PP, que el pasado 28 de septiembre el Tribunal Constitucional admitió a trámite, no suspende la aplicación del Estatuto, que mantiene íntegramente su vigencia mientras este tribunal no lo resuelva definitivamente.

Paralelamente, La Generalitat acuerda recusar al magistrado Roberto García-Calvo y Montiel por considerar que las opiniones manifestadas en el voto particular emitido en la resolución del recurso de ampara, del 15 de marzo de 2006, sobre la admisión a trámite del Estatuto, "no garantizan la imparcialidad propia de su cargo".

El Gobierno considera que las manifestaciones expresadas entonces por este magistrado responden "a una toma de posición personal, y que la radicalidad, contundencia y el tono empleado revelan la pérdida de imparcialidad que exige el artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para el ejercicio de la función de magistrado en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto".