El diputado de IC explicó que Bienestar Social y el consistorio firmaron un convenio el pasado 31 de marzo por el que la Generalitat se quedaba con la finca, que había comprado el ayuntamiento con un crédito público de 69 millones del Instituto Catlán de Finanzas y que no fue devuelto.

En este sentido, Farrés denunció que esta operación ha costado un total de 82 millones de pesetas a Bienestar Social, ya que ha tenido que asumir también el valor de los intereses.

El convenio, que contempla que cinco hectáreas de finca queden en manos del municipio para la construcción de una zona deportiva y de ocio, será ratificado mañana por el pleno del Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló.

Bienestar Social, según Farrés, construirá en el resto de a finca una residencia temporal asistida para gente mayor y personas discapacitadas de 60 plazas, además de un centro especial de trabajo para dismunidos. Además, se compromete a mediar ante la Consejería de Agricultura para que construya en la finca una área de ocio y acampada.

Para el diputado de Iniciativa, este convenio demuestra que el Gobierno catalán "paga los favores y el comportamiento" de Sant Pere de Torelló para comprar los terrenos a Joan Vilaró, cuñado del ex consejero de Política Territrial y Obras Públicas Josep Maria Cullell, cuya esposa, Roser Vilaró, ocupa una dirección general en Bienestar Social.

Farrés criticó que "una finca de altos cargos de Bienestar Social pase a ser propiedad de un departamento por estos mecanismos" y que, además, se regalen cinco hectáreas al ayuntamiento a pesar de que no devolvió el crédito para comprar los terrenos al Instituto Catalán de Finanzas.

La divulgación de unas informaciones en las que Cullell supuestamente mediaba ante el Ayuntamientode Sant Pere de Torelló para que adquiriera los terrenos de su cuñado le llevó a presentar la dimisión como consejero en noviembre del año pasado.