Así lo explicó hoy la diputada de CiU, Pilar Pifarré, quien celebró la iniciativa, ya que, explicó, "a esto ya obligaba un Decreto publicado por la Generalitat de hace más de un año, pero hasta ahora todavía no se había hecho, a pesar de que últimamente la creación de estas oficinas ha generado mucha polémica".

En su opinión, el resultado de esta carencia de cumplimiento es que "no se aplican criterios claros y homogéneos sobre las indemnizaciones y el Gobierno de la Generalitat no ha sido capaz de promulgar una norma propia y homogénea, en función de la singularidad de cada país, transparente y conocida por el personal que presta servicios en el exterior".

Así, la resolución establece que, en el plazo de un año, "el régimen retributivo y de indemnizaciones de todo el personal que presta servicios, incluidos los altos cargos, se clarifique y siga criterios homogéneos en función de los países dónde se ubican las oficinas y delegaciones".

Además, "se deberá hacer público a los efectos de conocimiento por parte de todo el mundo y de transparencia administrativa".

En este sentido, la diputada nacionalista expuso que CiU instaba al Gobierno a hacerlo en dos meses pero "al constatar la carencia de regulación de todos estos aspectos, desde ya hace más de un año, ha preferido alargar el plazo por tal que, finalmente, el Gobierno quede comprometido a hacerlo en una fecha concreta".