El titular de Economía avanzó, sin embargo, que la concesión de este dinero a Grand Península, sociedad que promueve el complejo y que preside Javier de la Rosa, supone una serie de condiciones como contrapartida: quedarse los terrenos en los que se levantará el futuro parque como garantía de su construcción y la seguridad de que los millones se destinarán a inversiones y no a operaciones especulativas.

El Gobierno catalán supervisará a través de una comisión de cntrol que los 5.000 millones se destinen a la construcción del parque, que en una primera fase debe estar terminado dentro de dos años.

La Generalitat también controlará la evolución de las obras del complejo recreativo y el posible cambio de accionariado de Grand Península, con el objetivo de decidir si concede o no a la empresa los otros 5.000 millones de pesetas más del aval aprobado en su día por el Parlamento de Cataluña.