Así lo anunció en rueda de prensa el consejero de Educación de Cataluña, Josep González Cambray, cuyo departamento ha enviado unas "instrucciones" a los 5.000 centros catalanes "para que conozcan cuáles son las actuaciones que deben llevar a cabo a partir de ahora para adaptarlas se al nuevo decreto ley".

"El documento enviado explica a las direcciones que deben revisar que sus proyectos lingüísticos cumplan lo que marca el decreto. Deberán responder a un cuestionario antes del 30 de junio, con el asesoramiento de la inspección educativa", expuso González Cambray, que aseguró que el Gobierno catalán "reafirma su compromiso en la defensa del modelo de escuela catalana, protege a los centros educativos de las injerencias judiciales e impulsa el uso y conocimiento del catalán entre el alumnado".

"El Gobierno quiere proteger a los centros educativos y las direcciones de las injerencias de los tribunales", reiteró, por lo que Educación "asumirá la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos validados". "Si todas las respuestas son positivas, el proyecto lingüístico será validado por la Inspección. En caso contrario, será necesario modificarlo y adecuarlo a la normativa a lo largo del próximo curso, y habrá de ser aprobado en Consejo Escolar y validado por Educación", zanjó.

Para el consejero, son los centros "los que conocen con nombres y apellidos a sus alumnos" y su metodología de enseñanza los que deben elaborar "un proyecto lingüístico que se adecue a la normativa".

Ante la pregunta de si los directores de los centros se encuentran entre la espada y la pared entre garantizar el 25% en castellano como pide la Justicia y la ambigüedad del nuevo decreto, que no detalla porcentajes, el responsable de las políticas educativas catalanas indicó que tratará de conocer los proyectos educativos "centro por centro". "Al que no se adapte (al decreto) le acompañaremos y asesoramos para que actualice sus proyectos a la nueva normativa".