Tras indicar que no suele hacer declaraciones comentando las palabras de otras personas, Vallés manifestó en la Ser que lo que a él le preocupa es el estado de la Justicia en España, ya que "un 60% de los españoles considera que la Administración de Justicia es el servicio público que peor funciona".

Por ello, consideró necesario realizar algunas reformas "que mejoren esta situación deficiente, muy grave para un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, me abstengo, porque creo que se califican por sí mismas, de entrar en ese tipo de polémicas verbales, que tan poco ilustrativas y edificantes son para los ciudadanos".

Igualmente, se preguntó "si tienen que prevalecer los presuntos derechos de los funcionarios sobre los derechos de los ciudadanos. En España la Constitución establece que hay lenguas co-oficiales que deben usar las administraciones públicas, tanto la del Estado como las de las comunidades autónomas, y el ciudadano tiene derecho a ser atendido en cualquiera de esas dos lenguas oficiales".

Por su parte, la consejera de Justicia de Andalucía, María José López González, calificó de "irresponsabilidad" que "una persona que representa no sólo a una parte muy amplia de jueces y magistrados, sino que está representando un poder del Estado en un Estado democrático, sea capaz de frivolizar sobre un asunto tan importante como es la lengua en Cataluña y sobre todo la administración de justicia".

Hernando afirmó hoy, en referencia a la obligación de los funcionarios de conocer el catalán para trabajar en Cataluña, que "si yo estuviera ejerciendo en Cataluña, yo aprendería catalán, pero como un enriquecimiento personal, como, cuando voy a Andalucía, me gustaría saber bailar sevillanas. Pero es un enriquecimiento personal".

"Lo que no creo es que se deba imponer a nadie el conocimiento de una lengua que luego no tiene una proyección positiva en otros aspectos de la vida", agregó el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.