Este recurso no suspende la aplicación del Estatuto, que mantiene íntegramente su vigencia mientras el Tribunal Constitucional no resuelva definitivamente el recurso planteado.

El Gobierno catalán considera en una nota que la legitimidad del Defensor del Pueblo para presentar recursos de inconstitucionalidad se debe ceñir al marco de la defensa de los derechos fundamentales comprendidos en la Constitución.

Por lo tanto, la Generalitat argumentará que, en este sentido, "no parece que el Defensor pueda impugnar aspectos que no tienen una relación directa, como el fundamento de los poderes de la Generalitat, sus competencias o las relaciones entre el Estado y la Generalitat.