Además, también se pretende reforzar los órganos de gobierno de estas entidades e incrementar la representatividad de la sociedad catalana en el seno de las cajas.

Con este anteproyecto de ley, la Generalitat propone "leves modificaciones" en la legislación vigente, aprobada hace 21 años, a fin de adecuarla a la realidad actual del sector.

"En ningún caso constituye una reforma a fondo de la normativa en vigor", aclaró el Ejecutivo que preside Pasqual Maragall.

Respecto a las modificaciones previstas, en materia de responsabilidad social en las empresas se propone añadir al objeto social de las cajas la afirmación de que éste se debe llevar a cabo de acuerdo con los principios de responsabilidad social y buen gobierno.

En relación con las fundaciones gestoras de la obra social, la reforma establece que ésta no puede desnaturalizase por el hecho de que se canalice a través de fundaciones. Se pretende regular de forma "más explícita" el carácter instrumental de las fundaciones.

Por otro lado, las dotaciones de las cajas a la obra social deberán ser "equilibradas y significativas" respecto a sus resultados. El Gobierno podrá realizar una labororientadora en materia de obra social señalando carencias y prioridades pero respetando la libertad de cada entidad para escoger las inversiones concretas.

El nuevo texto define, a diferencia de la legislación actual, las funciones y las responsabilidades que corresponden al presidente como máximo representante de la entidad.

Así, las cajas podrán decidir, a partir de ahora, que la tarea del presidente sea retribuida en función de su dedicación. Con todo, se mantiene el director general como la máxima figura ejecutiva de las cajas, un hecho que es "característico y definitorio" del modelo catalán de cajas.

De igual modo, con la futura legislación se pretende incrementar el nivel de representatividad social y económica de las entidades con derecho a designación de consejeros.

La Ley establece que las entidades culturales, científicas, benéficas, cívicas, económicas y profesionales tengan una representación social y económica relevante y actúen en ámbitos relacionados con la dimensión social de las cajas. De este modo, se refuerza la vinculación entre las entidades y el entramado asociativo real de su territorio.

Sobre dietas, se propone que la decisión sobre las mismasa percibir por parte de los consejeros y vocales esté en manos de los órganos de gobierno de las entidades. Las cajas podrán fijar el importe de acuerdo con el que establezca el Protectorado.

Por último, el texto propone alargar el mandato de los consejeros y vocales de cuatro a seis años para reforzar la estabilidad de los equipos de gobierno. Se continúa respetando el límite de 12 años fijado por la legislación estatal (LORCA). De acuerdo con esto, la renovación parcial de la asamblea se deberá celebrar cada tres años en lugar de cada dos.

El nuevo texto define un régimen transitorio para que los miembros de los órganos de gobierno puedan adaptarse a esta norma.

La reforma establece asimismo que todos los consejeros de las cajas de ahorros se inscriban en el registre de altos cargos. Hasta ahora, sólo tenían la obligación de inscribirselos vocales del consejo y los consejeros que formaban parte de la comisión de control. Esta modificación permitirá detectar mejor cualquier error o incumplimiento del régimen de incompatibilidades, asegura la Generalitat.