En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell, el consejero de Educación, Ernest Maragall, afirmó que "hoy Cataluña habla de modelo educativo propio respondiendo a una concepción integral capaz de poner en común las capacidades del (sistema) público y privado, manteniendo una buena coexistencia y responsabilidad compartida que esta ley hace posible".

Uno de los títulos del proyecto de ley está referido en la lengua y su utilización en el sistema educativo de Cataluña. El texto consagra la ley de política lingüística, que define el catalán como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña y da la posibilidad a la Generalitat de fijar el currículum de las horas lingüísticas.

Asimismo, el proyecto de ley certifica el objetivo del trilingüismo, con el dominio del catalán, el castellano y una tercera lengua de la cual los alumnos tendrán que tener un conocimiento suficiente al final de la educación secundaria obligatoria.

En referencia al sistema educativo catalán, Maragall afirmó que el texto permitirá "que la excelencia y la equidad estén presentes realmente a todos los centros, estén concretados en calidad de servicios, en rendimiento real de la función educadora, centro por centro, comarca por comarca, pueblo por pueblo".

El Proyecto de Ley de Educación de Cataluña va acompañado de una memoria económica que fija, para 4 años, un incremento de los presupuestos educativos en 1.000 millones de euros respecto de la actualidad. En ocho años, los presupuestos serán de 1.500 millones de euros.

"Los niños de este país deben tener acceso a la mejor educación, a la excelencia personal, encontrando docentes adecuados, implicados, responsables... y con la aspiración de ofrecer al país la mejor capacidad de formación y de educación", aseveró Maragall.

Precisamente, la figura del maestro y el profesor queda reforzada con la creación de los cuerpos docentes de la Generalitat, el acceso a los cuales se regulará con oposiciones propias y requisitos relacionados con el uso de las lenguas y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como su aplicación en metodologías de aprendizaje.

Los cuerpos docentes tendrán su propia carrera profesional, evaluada según la investigación, la aportación al sistema, la formación permanente, los resultados de esta formación aplicados al aula, y también a la antigüedad.

En el caso de la escuela concertada, la futura ley establece un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigor para homologar los sueldos de los docentes en los de la escuela pública.