De la memoria presentada hoy por este departamento sobre la situación de los rís se desprende que este año se cuadriplicaron el número de empresas de Cataluña que pagan un impuesto por los residuos contaminantes que vierten.

El objetivo de la Junta de saneamiento, según manifestó Vilalta, es el de conseguir una mayor calidad de las aguas superficiales y subterráneas de Cataluña. La recaudación recibida por las 81 sanciones impuestas fue de 55 millones de pesetas en 1992.

A principios de este año entró en vigor un decreto por el cual se obliga a las empresas a autodeclarar aualmente el caudal y la carga contaminante de los residuos que vierten en los ríos. Este hecho llevó a que creciera de forma espectacular el número de industrias que realizaron la autodeclaración: unas 6.500 de un total de 9.700 que están obligadas a ello, según el consejero.

Albert Vilalta comentó que antes de que se estableciera esta regulación de los vertidos industriales sólo había declaradas unas 500 empresas, mientras que en 1992 fueron unas 2.300 las que declararon verter carga contaminante.

La Junta de saneamiento, por otra parte, realizó unas 150 inspecciones semanales, y localizó un total de 8.669 vertidos, de los cuales casi 3.700 no estaban autorizados porque no se descubrió qué contenían, mientras que otros 3.000 cuentan con autorización y 2.000 más se encuentran en fase de ser autorizados.