GTE, que pertenece a Patrimonio del Estado, fe objeto a primeros de 1992 de una reestrucutración de personal, por la que la plantilla pasó de contar con más de 1.300 trabajadores a los 758 actuales.

Patrimonio del Estado y los sindicatos firmaron entonces un plan de viabilidad por tres años que contemplaba un compromiso por parte de la empresa de invertir anualmente 1.200 millones de pesetas en renovación tecnológica, además de ampliar la red de comercialización.

No obstante, un año después de la firma del plan de viabilidad, el comité de epresa de la fábrica teme que en breve se reduzca a la mitad el número de puestos de trabajo.

Las previsiones de GTE para 1993 situaban el nivel de ingresos por ventas en torno a los 6.000 o 7.000 millones de pesetas, aunque fuentes cercanas a la Dirección aseguraron que "difícilmente se alcanzarán los 2.500 millones".

Werner Internacional está considerada como una de las principales empresas consultoras a nivel mundial en el campo textil, por lo que las conclusiones de la auditoría e informe técnco serán posteriormente aplicados al funcionamiento de la factoría.

Los sindicatos, que se han mostrado en contra de una nueva reestructuración de personal, consideran que la factoría necesita "en vez de un nuevo plan de viabilidad, llevar a cabo el que se firmó el año pasado".

CCOO, por su parte, considera que el Gobierno no está dispuesto a mantener la factoría, señalando para ello como causa "los intereses de CiU para eliminar la competencia al sector textil catalán".

En las últimas semans, parte de la maquinaria, "la más obsoleta" según los sindicatos, fue trasladada hasta diversos puntos del Magreb, lo que, a juicio del Partido Andalucista, favorece "la competencia de países que pueden producir más barato por las ínfimas condiciones laborales".