Según varios testigos, Alejandre, que era jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (jemet) en el momento del accidente, no sólo alertó de los errores en una reunión del Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa mantenida el 27 de mayo de 2003, un día después del accidente y un día antes del funeral de Estado, sino que propuso que los cadáveres mal identificados no fueran entregados a los familiares y que se trasladaran a una morgue para seguir con las tareas de identificación.

Si bien alguno de los testigos que hasta ahora han comparecido en el juicio han situado al que fuera ministro de Defensa en el momento del accidente, Federico Trillo, al frente de este reunión, otros dijeron no recordar si se encontraba ese día allí.

Además de la declaración del general Alejandre, mañana está previsto que comparezcan ante el tribunal los cuatro empleados de una funeraria de Zaragoza que fueron enviados a Trebisonda (Turquía), el lugar en el que se estrelló el Yak-42 el 26 de mayo de 2003.

Estos cuatro empleados fueron enviados al lugar de la catástrofe en los días posteriores para ayudar a la delegación española en las labores de "enferetramiento" de los cadáveres.

Con anterioridad a estas comparecencia, el tribunal tomará hoy declaración a varios peritos y autoridades turcas a través de videoconferencia.

La declaración de Alejandre en el juicio fue solicitada por el abogado del principal acusado, el general Vicente Navarro. El fiscal encargado del juicio, Fernando Burgos, pide cinco años de prisión para Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los tres militares están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo.

Además, el tribunal deberá decidir mañana si acepta las nuevas declaraciones solicitadas por el fiscal Burgos, en concreto la del que fuera "número tres" de Trillo en el momento del accidente, Javier Jiménez Ugarte, así como la de los seis funcionarios turcos -entre ellos cuatro forenses y un fiscal- que intervinieron en las labores de identificación de los cadáveres en Turquía.