El secretario general de la ILGA, Jordi Petit, ha remitido un telegrama de protesta a la embajada argentina en Madrid, en el que califica de "inadmisible atropello de los derechos humanos" la ley de 21 de diciembre de 1995, que obliga a realizar el test del sida a todos los miembros de las Fuerzas Armadas argentinas, y as leyes de los estados de Santa Fe, Córdoba y Jujuy, que obligan también a someterse al test del VIH/sida a homosexuales, drogadictos y prostitutas.

"Estas medidas", afirma Petit, "atentan a los más elementales derechos humanos y vulneran las recomendaciones de la OMS sobre voluntariedad y confidencialidad en la prueba del VIH/sida, toda vez que inducen a reforzar la equívoca idea de los mal llamados grupos de riesgo, desprotegiendo así al conjunto de la población. Se trata también de un atentado a l salud pública, pues hace pensar que el sida es propio de ciertos grupos".

El secretario general de la ILGA considera que, ante estos hechos, la Unión Europea debe condicionar sus relaciones económicas con Mercosur, el mercado común sudamericano.