Así lo recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 presentado este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

Los créditos que se dotan a financiar mediante el MRR ascienden a 586 millones. Estos fondos, de acuerdo con los objetivos del mecanismo, se destinarán a apoyar las reformas e inversiones necesarias para una recuperación duradera, mejorar la resiliencia económica y social y apoyar la transición verde y digital en los Estados Miembros.

Adicionalmente, en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) figuran dotadas transferencias a otras entidades del sector público estatal por importe de 237 millones, para el desarrollo por éstas de actuaciones de fomento del empleo.

En la parte de la política no financiada mediante el MRR se diferencian dos grandes bloques de actuación: por un lado, las actuaciones de inserción e incentivación de la contratación, que se dotan con 4.069 millones, y por otro, la formación profesional para el empleo, dotada con 3.244 millones, correspondiendo el resto de créditos de esta política a gastos de funcionamiento y a fomento de la economía social.

En el caso de la formación profesional para el empleo, de dicha cantidad, que corresponde a transferencias corrientes y de capital, 2.093 millones se van a gestionar desde el SEPE y 1.151 millones desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Se dotan 2.076 millones a bonificaciones para la contratación, con el objetivo de favorecer la creación de empleo de los colectivos con mayores dificultades de acceso, entre los que figuran las víctimas de violencia de género, los jóvenes y los mayores de 45 años o las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. En total, se estima que 716.253 personas se beneficiarán de las bonificaciones para la contratación.

La dotación para oportunidades de empleo, por importe de 1.078 millones, suben un 11,5%. Con estos créditos se financian, entre otras medidas, actuaciones para impulsar la contratación de personas con discapacidad, así como el programa de fomento del empleo agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, para el que en 2023 se dotan 285 millones.

Para potenciar la orientación profesional se destinan 594 millones en 2023, un 8,2% más que en 2022, a fin de proporcionar un acompañamiento personalizado a lo largo de la vida laboral de los trabajadores.

Dentro de estas actuaciones destaca la dotación de un programa de refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos en las labores de orientación y prospección para el empleo por importe de 83 millones de euros, mediante el cual se espera que las comunidades autónomas mantengan o contraten a 2.890 personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo.

Para la modernización de los servicios públicos de empleo se dotan 89 millones en 2023, a fin de mejorar sus recursos humanos, materiales y tecnológicos y, con ello, incrementar la calidad y eficacia de los servicios que prestan.