Defensa de la Competencia multó a Repsol YPF con 500 millones de pesetas por fijar los precios de venta al público de los carburantes vendidos en sus gasolineras abanderadas, cuando no tenía derecho a hacerlo, según el TDC, porque sus contratos eran de revededores y no de comisionistas.

La compañía recurrió la resolución del tribunal ante la Audiencia Nacional por la vía contencioso-administrativa, al tiempo que solicitó la suspensión cautelar de la sentencia, que la Audiencia denegó.

Asimismo, Repsol YPF inició una novación de los contratos con sus revendedores con el objetivo de convertirlos en comisionistas, lo que la APES ha denunciado ante el Ministerio de Economía (Servicio de Defensa de la Competencia) y la Comisión Europea como una prácticadirigida a sacar del ámbito de la normativa sobre competencia a estas estaciones de servicio y poder así fijar los precios de venta al público sin cometer irregularidad alguna.

"El Servicio de Defensa de la Competencia, que es el órgano encargado de vigilar, no puede aceptar esa novación de contratos que ha hecho Repsol porque va en contra de la resolución del TDC", señaló a Servimedia el presidente de la APES, Andrés Delgado.