Estas patronales, según informaron en un comunicado, se quejan de que, en virtud de ese decreto, los hipermercados en funcionamiento pueden abrir estaciones de servicio con menos trabas urbanísticas y administrativas que las impuestas a los gasolineros establecidos en el sctor.

Según las patronales de gasolineras, eso supone "un incremento patrimonial inmediato y gratuito" para los hipermercados y una renuncia de los ayuntamientos y comunidades autónomas a percibir las contraprestaciones habituales.

Las organizaciones que agrupan a los gasolineros señalan que no se puede, en nombre de la liberalización de un mercado, "ayudar a unos competidores en perjuicio de los demás y, en última instancia, de la competencia".

A su juicio, "liberalizar es crear reglas de jego equivalentes para todos, que todos deben cumplir. Liberalizar no es ayudar a empresas de enorme dimensión y con recursos más que suficientes a costa de los empresarios independientes de estaciones de servicio".

Los gasolineros puntualizan que no tienen miedo a la competencia y que su denuncia "no pretende que los hipermercados no abran estaciones de servicio", sino que, "si quieren abrirlas, lo hagan como los demás empresarios de estaciones de servicio, soportando los mismos costes y cargas y abonndo al Estado el mismo dinero".