Según la CEES, con dicha autorización además de amnistiar a los establecimientos ilegales, el Gobierno va a permitir que aumente el fraude en la actividad de distribución de hidrocarburos, que ya está, según el propio Gobierno, en 50.000 millones de pesetas.

Los empresarios de gasolineras incluyen en u nota una batería de descalificaciones para el Gobierno, por entender que no ha hecho lo que pactó con el sector para evitar la huelga y paro patronal que se había convocado, tanto por los propietarios como por los trabajadores.

Asimimso añaden que "no descartan acudir a cualquier instancia para evitar lo que consideran una usurpación de sus derechos, una burla sangrienta para el sector, una tomadura de pelo y un fraude para los usuarios, porque no podrán beneficiarse con bajadas generalizadas de preios" por el efecto de la competencia.