Una inspección de la OCU a 180 estaciones de servicio de 18 provincias refleja que sólo el 10 por ciento de los 1.025 surtidores reisados contaba con los precintos que estipula la nueva normativa del Ministerio de Fomento para garantizar que el aparato no ha sido manipulado.

La orden ministerial de 27 de mayo de 1998, que entró en vigor el 10 de junio, obligaba a la modificación sustancial de los sistemas de inspección, que eran fácilmente vulnerables ya que en ningún caso exigían el control de los precintos interiores del fabricante del surtidor, lo que ya sí es obligatorio con la nueva normativa.

Según la ley, correspondelos propietarios de las gasolineras tomar la iniciativa para hacer revisar cada año los surtidores por un reparador debidamente registrado, debiendo colocar la etiqueta de verificación en un lugar bien visible. En todo caso, la primera verificación debería haberse llevado a cabo antes del pasado 10 de diciembre, según establece la disposición transitoria primera de la orden.

18 PROVINCIAS

El muestreo de la OCU se ha realizado en 9 gasolineras de Badajoz, 10 de Barcelona, 1 de Burgos, 18 de Ciudad Ral, 9 de Córdoba, 9 de Gran Canaria, 10 de La Coruña, 10 de La Rioja, 13 de Madrid, 11 de Málaga, 18 de Murcia, 4 de Navarra, 8 de Oviedo, 8 de Tarragona, 15 de Valencia, 8 de Valladolid, 11 de Vizcaya y 8 de Zaragoza.

"La conclusión no puede ser más preocupante: al menos el 90% de los surtidores se encuentran en situación ilegal y su uso debería ser prohibido de inmediato", afirma la OCU en un comunicado.

En consecuencia, la organización se ha dirigido a las consejerías de Consumo e Industria delas comunidades autónomas para solicitar su inmediata actuación con el fin de garantizar la seguridad de los consumidores, urgiendo el cumplimiento de la ley en el ámbito de su responsabilidad.

Para la OCU, "es inaceptable que la falta de diligencia de muchos gasolineros y la dejadez de los responsables de las distintas administraciones mantengan a los que acuden a repostar en la misma inaceptable situación de inseguridad puesta en evidencia en enero de este año".

"Es inaceptable el grado de incuplimiento de una norma que vino a dar seguridad a los consumidores, pero que nadie parece tener interés en cumplir", concluye la asociación de consumidores.