Además, los socialistas quieren que el fiscal general del Estado ordene iniciar las actuaciones neesarias para defender los intereses generales y perseguir el posible delito de fraude fiscal en el que presumiblemente habrán incurrido los empresarios que han realizado prácticas irregulares.

La proposición no de ley insiste en la necesidad de delimitar con claridad la regulación sobre el control de los aparatos expendedores de gasolina y en especial de las labores de vigilancia e inspección que corresponden a las comunidades autónomas.

finalmente, el PSOE solicita la convocatoria de la Conferenia Sectorial de Industria y Energía, al objeto de acordar con las comunidades autónomas la elaboración coordinada de planes de inspección rigurosos y eficaces de las instalaciones de suministro de combustibles.