Además, el PSOE presentó una proposición no de ley en la que pidió la creación de una Fiscalía de Consumo en la región, la elaboración en el plazo de un mes de un Reglamento de Inspección de Consumo y el incremento de las inspecciones en las estaciones de servicio, tanto para evitar el fraude en la catidad de conbustible como en la calidad del mismo.

Los socialistas también reclamaron una mayor capacidad sancionadora para la Admnistración regional, articulando medidas para que las empresas que se vean implicadas en conductas tipificadas como fraudulentas pierdan las concesiones y no puedan acceder a otras.