En la carta se solicita al Defensor del Pueblo que "realice todas aquellas medidas que sean oportunas para instar a que, por las Administraciones Públicas, se lleven a cabo las inspecciones necesarias sobre la exactitud de los mecanismo de suministro de combustible en todo el Estado y se pongan en práctica instrumentos de control eficaces para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios".

López Garrido afirma en la misiva que si fueran ciertos los datos del estudio de la OCU, en el que se demuestra que 3 de cada 10 gasolineras de la Comunidad de Madrid engañan a sus clientes, se estaría produciendo un "importante fraude a los ciudadanos en un sector especialmente sensible, cuya fiscalización y control compete a las Administaciones Públicas".

Por otro lado, Nueva Izquierda pidió hoy la comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, para que explique las medidas que han adoptado o piensa adoptar el Gobierno ante el fraude de las gasolineras.