La investigación de la Consejería de Economía y Empleo de Madrid comenzó el pasado 16 de enero, después de que la juez de guardia clausurara tres estaciones de servicio por presuntas irregularidades.

Desde entonces y durante la semana pasada, la Comunidad precintó un total de 6 surtidores y 25 mangueras, y abrió 17 expedientes sancionadores. Además, el funcionario Segundo Sanz Blázquez y el jeferegional de los inspectores de estaciones de servicio, Enrique Sacristán Perdiguero, fueron expedientado y destituído, respectivamente.

Asimismo, Arturo Sanz Millán, propietario de una de las gasolineras cerradas por orden judicial, dimitió el pasado día 22 del cargo de director del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, para el que había sido designado por el Partido Popular.

El portavoz de la OCU aseguró que, "si no llega a ser por el juez, ahora tendríamos solamente el dictamen negativ de la inspección y poco más".

"Es evidente -y eso es lo que realmente nos preocupa- que se está perdiendo un tiempo precioso para poder actuar en el resto de las autonomías, porque, si el fraude es un fraude informático, está claro que no se va a poder hacer nada con las inspecciones normales", indicó Múgica.

José María Múgica añadió que "eso (las inspecciones en las que no se desmontan los surtidores) es lo que más nos preocupa a nosotros, porque eso es un brindis al sol que no sabemos donde pude terminar".