La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio había recurrido ante el Tribunal Supremo un real decreto que regulaba la distribución al por menor d carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público.

El reglamento prohibía a los dueños de las gasolineras ejercer su actividad fuera de la estación de servicio, lo que impedía la venta a domicilio. El Supremo señala que tal prohibición no supone una quiebra de los derechos de libre comercio y libertad de empresa en una economía de mercado, como sostenía la confederación.

El Alto Tribunal argumenta que la esencia comercial de las gasolineras no es la venta a domicilio, ino la venta de carburantes en sus dependencias, por lo que califica de "adecuada y congruente" tal prohibición.