Múgica apuntó que un precinto sólo lo puede levantar el fabricante, quien "garantiza con su colocación que no se va a producir un error en la medición de la gasolina, ya que ese precinto indica que ese aparato cumple las normas de homologación".

En caso de reparación del aparato, indicó que ésta debe llevarla a cabo personal autorizado por el fabricante, el cual debe deja constancia del motivo de la reparación y dejarlo otra vez con un precinto que "devuelva al consumidor la garantía que se le ha quitado al romperlo".

Añadió que "es cierto que una rotura de un precinto puede ser para cambiar la pila pero también puede ser para cambiar un chip o el programa" y aseveró que "el consumidor no puede estar al socaire de si lo rompe una persona honesta o un sinvergüenza".

Según Múgica la Administración madrileña demuestra con su inspección "estar buscando las posibilidaes del fraude, al actuar sobre todos aquellos elementos de garantía que tiene el consumidor".

El portavoz de la OCU apuntó que la inspección que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid debería servir de ejemplo en todas las autonomías porque "la impresión que da es que todos los chorizos están en Madrid, cuando en realidad los pocos gasolineros deshonestos que hay están distribuidos por toda España".