Los beneficios aprobados por el Gobierno español para que las cooperativas agrarias repartan gasóleo B son considerados por los gasolineros como ayudas públicas que, además, han sido concedidas sin la preceptiva autorización de la Comisión Europea.

Denuncian que las cooperativas se benefician de un régimen fiscal especial y que, permitiendo que distribuyan gasóleo a terceros no socios, "se distorsiona la competencia gravemente y puede llevar a cortoplazo a la desaparición de las estaciones de servicio situadas en núcleos rurales".

Los denunciantes aseguran en un comunicado que no pretenden impedir la libre competencia en el sector de combustibles ni que los sectores más afectados por la subida de los carburantes reciban contraprestaciones, pero no entienden que el Gobierno lo solucione "apaciguando los ánimos de los más reivindicativos mediante la concesión de ayudas directas".

NEGOCIACION

Las gasolineras habían anunciado ya un paro generl de varios días para luchar contra la distribución de gasóleo agrícola en las cooperativas que, según dicen, pone en peligro a 5.000 gasolineras rurales. Sin embargo, el Ministerio de Economía consiguió hoy frenar la huelga mediante la apertura de una mesa de negociación con las estaciones de servicio.

Este es el resultado de la reunión mantenida esta mañana en Madrid entre el ministro de Economía, Rodrigo Rato, y la Confederación de Empresarios de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), segúninformaron estos últimos.

Las gasolineras protestan por la repercusión en su negocio de las últimas medidas tomadas por el Gobierno para paliar los efectos de la subida del petróleo en sectores como los pescadores, los agricultores y los transportistas, y porque se concedan ventajas a las cooperativas agrícolas para vender gasóleo a bajo precio y se permita a las grandes superficies instalar nuevas gasolineras.