Ramírez señaló que sus inspecciones son realizadas por sorpresa y los funcionarios que efectúan la revisión dejan una placa informativa para que los usuarios comprueben el resultado de la inspección.

En los cinco casos de fraude detectados, tres en la provincia de Alicante y dos en la de Valencia, los inspectores clausuraon las mangueras y la administración impuso sanciones que en todos los casos superaron las cien mil pesetas.

Ramírez señaló que su conclusión es que "en general el sector se comporta, desde el punto de vista ético y de responsabilidad, a unos niveles muy aceptables".

Las inspecciones realizadas se refieren no sólo al suministro de carburante, sino también a otras cuestiones como las medidas de seguridad para evitar accidentes en los depósitos de gasolina.